La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, explicó a inicios del presente mes cómo desearía que fuera la futura relación con la Unión Europea. Consideró prioritario asegurar que el Brexit no distorsionara el intercambio de datos personales entre las empresas del Reino Unido y las de la Unión Europea cuando se ofrecieran servicios y productos a los ciudadanos.
La primera ministra resaltó la importancia de la libre circulación de la información para el crecimiento económico en general, pero de modo específico, el gobierno del Reino Unido pretende tener algo más que un juicio de adecuación como país tercero por parte de la Unión Europea: un “traje a medida”, teniendo en cuenta su histórica alineación con la legislación de protección de datos europea.
El gobierno británico manifiesta su intención de implementar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), señalando que dicha implementación todavía no ha sido iniciada en muchos países de la Unión Europea.
En opinión de la primera ministra, los altos requisitos de protección de datos del Reino Unido permiten asegurar un acuerdo con la Unión Europea que dé confianza y estabilidad a las empresas y a los ciudadanos, a fin de mantener y desarrollar los lazos económicos existentes.
El Gobierno británico recuerda la contribución que la Information Commissioner’s Office (ICO) ha hecho a la elaboración, interpretación y aplicación de la legislación europea, incluyendo una guía respecto al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
Se pretende asegurar, en palabras de la primera ministra May, que las empresas británicas estén efectivamente representadas en el nuevo mecanismo “one stop shop” previsto para resolver conflictos en protección de datos.
La Direct Marketing Association (DMA) y la Advertising Association (AA) proponen que el papel de la ICO continue tras el Brexit. La petición se ha dirigido al Secretary of State for Digital, Matt Hancock, y ha sido apoyada, entre otros, por Google y Sky.
La contribución económica del marketing y de la publicidad es inmensa. Según la citada DMA, los servicios anuales de publicidad del Reino Unido se valoran en 4,1 billones de libras y se ha calculado que cada libra gastada en publicidad supone un retorno de 6 libras a la economía, generando así unos 120 billones al Producto Interior Bruto del Reino Unido.
Al margen de estos evidentes intereses económicos, es cierto que la ICO ha participado activamente en la elaboración de los dictámenes del Grupo de Trabajo del artículo 29, así como en las Conferencias Internacionales de Autoridades de Protección de Datos. Tuvo un papel decisivo en el momento de afrontar los retos del terrorismo con la necesidad de regular la retención de datos y, ya en 2009, en el Congreso de Autoridades Europeas de Protección de Datos celebrado en Edimburgo, abogó claramente por reformar la Directiva Europea 95/46.
Asimismo, la ICO ha destacado por equilibrar los intereses de las empresas con los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos personales. Una Unión Europea sin la Information Commissioner’s Office perdería, ciertamente, una perspectiva pragmática.
Dra. Esther Mitjans, Digital Lex
Exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona